La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) investiga la existencia de ramificaciones en Santa Fe de la asociación criminal cordobesa que canalizó operaciones de venta en negro de soja por $600 M y que acaba de ser desbaratada tras la reciente detención de tres de sus altos miembros.

“No puedo dar precisiones porque rige el secreto de sumario y la causa sigue activa, pero sí puedo confirmar que la asociación tiene ramificaciones en los puertos cerealeros del Gran Rosario y también llegada a acopios de Santa Fe”, le dijo ayer a punto biz el director regional de AFIP Córdoba, Santiago Cataldo.

“Por ahora debo guardar reserva sobre los nombres de las empresas en cuestión porque la causa sigue activa y abierta, además continúan las investigaciones judiciales y también hay en espera pedidos de procedimientos, básicamente allanamientos a oficinas”, agregó el funcionario ante el pedido de punto biz de los nombres de las empresas que están bajo la mira.

Si bien en las últimas horas el mercado es un hervidero de rumores sobre la identidad de los puertos y acopios bajo la mira, el tonelaje en negro comercializado es tan grande (cerca de 800 mil toneladas) que va de suyo que la mercadería tiene que haber pasado por muchos silos y terminales. Incluso, las investigaciones de la Afip llegan a un puerto de Bahía Blanca.

“Según nuestras investigaciones, los granos llegaron a los puertos y acopios ya blanqueados, pero ahora estamos investigando si esa mercadería fue comprada de buena fe por el exportador o, por el contrario, a sabiendas de que había sido blanqueada ilegalmente porque no se pagó en la realidad la carga tributaria correspondiente”, agregó Cataldo.

Según contó el director de la regional de la Afip, “ahora se está investigando el destino final de la mercadería y queremos dilucidar si la mercadería blanqueada fue comprada de buena fe o bajo conocimiento de que había detrás una organización ilícita, por lo que la causa sigue abierta”.

La central de las pesquisas seguirá siendo la Afip Regional Córdoba, que fue la que formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y con ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe.

“Cómo el objetivo de esta asociación ilícita es incorporar al ámbito formal de la economía los granos pero sin pagar los impuestos correspondientes, ahora estamos en plena investigación de cómo se materializó esta maniobra y las pistas nos llevaron a Santa Fe”, agregó el funcionario.

Finalmente, Catalado dijo que “habrá nuevos procedimientos, por ejemplo allanamientos locales, donde esperamos surjan datos firmes sobre esta ruta de la soja que estamos desarticulando”.

Cómo eran las maniobras

Ayer, la Afip dio detalles de las una investigación iniciada en julio de 2009 y que terminó la detención de tres personas que integraban una organización criminal dedicada a la generación de “empresas fantasmas”, con el fin de “blanquear” las operaciones marginales de producciones agrícolas

Los detenidos que fueron trasladados a la cárcel de Bower son Carlos Sebastián Conte (40), Miguel Ángel Seri (50)y Luciano Norberto Salvucci (35). Se trata de un asesor impositivo, un vecino de un exclusivo country de la ciudad de Córdoba y otro de una localidad del interior provincial

Los tres delincuentes apresados y una docena de allanamientos realizados en Villa María, Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón.

Las empresas fantasmas, con las que operaban son: Rocerco SRL; JH SRL; Cooperativa Agrícola Ganadera, Forestal y granjera unión LTD y Corcecam SRL.
.
La ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a “prestanombres” y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto alguno al fisco.

Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como “venta de facturas truchas”, la que se complementaba con el “servicio” de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).

La principal figura que se les imputa es formar parte de una asociación ilícita fiscal que prevé penas de prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Para el caso de los que resulten ser jefe y organizador la pena mínima se elevará a cinco años de prisión. Penas estas que por su mínimo legal no serían excarcelables para el caso de condena efectiva.


Mariano Galíndez
(Punto Biz)